Las voces internacionales contra la detención de la
líder social y diputada del Parlasur, Milagro Sala, se multiplicaron y sumaron
intensidad en las últimas semanas. Sin embargo, la Sala
Penal II del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy rechazó un pedido para
liberar a Sala presentado por la defensa de la dirigente presa
desde enero.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) emitió un durísimo comunicado ayer en
el que urgió al Estado nacional argentino y, en particular, al gobierno de la
provincia de Jujuy, a dar "pronta respuesta" al reclamo del Grupo de
Trabajo de las Naciones Unidas, que había exigido la
"liberación inmediata" de la dirigente piquetera y
diputada del Parlasur por el Frente para la Victoria, detenida desde diciembre
del año pasado.
Sin embargo, la Justicia jujeña emitió dos fallos
contrarios a ese pedido. Uno de los fallos de la Justicia jujeña negó que Sala
tenga inmunidad de arresto por ser diputada del
Parlasur. El otro, rechazó un pedido de nulidad de la prisión
preventiva.
En el primer pronunciamiento, los jueces Laura
Lamas González, José Manuel del Campo y Federico Francisco Otaola consideraron
que la orden de detención no se originó por la actividad
parlamentaria de Sala sino por los supuestos delitos que habría
cometido.
En el segundo pronunciamiento, los mismos jueces
consideraron que la detención de Sala está justificada ante la "gravedad
de los delitos atribuidos" a ella y a los "indicios concretos
de peligrosidad procesal que surgen de las constancias del expediente". El
tribunal ratificó así la resolución de fecha 2 de septiembre de 2016, dictada
por la Cámara de Apelaciones y Control; la que, a su vez, confirmó el Auto de
Prisión Preventiva emitido contra Sala el 28 de abril de 2016, por el Juez de
Control nro3.
Los jueces agregaron que "se advierten otras
circunstancias que llevan a concluir que la libertad de la imputada conllevaría
no solo el riesgo para asegurar que el fin del proceso se cumpla, sino también
peligro para los testigos por las actitudes intimidatorias que han debido,
supuestamente, soportar, aún cuando la imputada se encontraba sometida a las
medidas de coerción de la libertad".
En el comunicado , la CIDH recordó que "la prisión preventiva es excepcional, sólo puede
extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida
punitiva". Tampoco dejó pasar que, si bien Sala está
siendo investigada en múltiples causas de corrupción, su detención se produjo a
partir de su participación en una protesta social. "La protesta es un
ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no
sujeto a criminalización", enfatizó la entidad.
Ese
planteo de la CIDH refuerza las presentaciones que ya hizo la ONU y el
presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Además
fue un revés para el Gobierno porque la decisión de la CIDH se tomó ayer en
Panamá, justo en medio de la visita a ese país del secretario de Derechos
Humanos de la Nación, Claudio Avruj, que concurrió a entrevistarse con la
entidad, precisamente, para evitar un nuevo pronunciamiento contrario a los
intereses del oficialismo.
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